Las demandas por aceras, transporte público, bibliotecas y otra infraestructura pública inaccesible están costando millones a las ciudades. Pero para las personas con discapacidades, pueden ser la única vía hacia la equidad.
Más de 30 años después de que se firmara la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), las aceras, cruces peatonales y paradas de transporte público que no cumplen con la ADA aún abundan en las ciudades de EE.UU. de costa a costa.
Desde Filadelfia hasta Los Ángeles, grupos de derechos de los discapacitados han presentado demandas contra gobiernos municipales y agencias de transporte público por discriminar a las personas con discapacidades al no cumplir consistentemente con los requisitos de la ADA.
A medida que las ciudades llegan a acuerdos por miles de millones de dólares en mejoras, ¿cómo impactarán estos cambios las vidas de las personas con discapacidades?
Estudio de caso: San Juan, Puerto Rico
Un ejemplo reciente de este tipo de litigio se puede ver en San Juan, Puerto Rico. En 2019, se presentó una demanda contra la ciudad por no proporcionar aceras y rampas accesibles en cumplimiento con la ADA.
En julio de 2023, se llegó a un acuerdo estipulado que requiere que San Juan tome varias medidas para mejorar la accesibilidad, incluyendo:
Capacitar a todos los empleados municipales que supervisan trabajos relacionados con aceras y rampas sobre los estándares de accesibilidad de la ADA.
Desarrollar un proceso para solicitar y recibir comentarios de personas con discapacidades sobre la accesibilidad del sistema de aceras públicas.
Contratar a un consultor externo para realizar una evaluación integral que identifique las barreras de accesibilidad en todo el sistema de aceras públicas.
Asegurar que toda nueva construcción o alteración de aceras y rampas cumpla con los estándares de la ADA.
Contratar expertos en la materia para inspeccionar y certificar el cumplimiento de los nuevos trabajos con la ADA.
Designar un Coordinador de ADA y publicar información de contacto en el sitio web de la ciudad.
El acuerdo también establece un plazo de 36 meses para completar la evaluación de accesibilidad y comenzar las mejoras. Esto demuestra cómo el litigio puede impulsar a las ciudades a comprometerse con mejoras concretas de accesibilidad.
Impacto en personas con discapacidades
La infraestructura peatonal deficiente afecta significativamente a las personas con discapacidades:
Los usuarios de sillas de ruedas tienen aproximadamente un 36% más de probabilidades de morir en accidentes de tráfico que otros peatones.
Las personas con discapacidades tienen tasas de pobreza más altas que la población general.
Los barrios de bajos ingresos, donde es más probable que vivan personas con discapacidades, tienen peor infraestructura peatonal.
Por lo tanto, las mejoras de accesibilidad obtenidas a través de demandas como la de San Juan pueden beneficiar especialmente a las comunidades con discapacidades.
Desafíos continuos
Sin embargo, incluso cuando las ciudades se comprometen a realizar mejoras, a menudo surgen nuevos desafíos:
Algunas renovaciones recientes han creado inadvertidamente nuevas barreras, como carriles para bicicletas que obstruyen rampas de acera.
Muchas ciudades carecen de planes de transición de ADA completos para evaluar y abordar problemas de accesibilidad.
Los enfoques de "diseño universal" a veces no tienen en cuenta las necesidades específicas de los grupos con diferentes tipos de discapacidades.
Expertos como Aimi Hamraie de la Universidad de Vanderbilt argumentan que las ciudades necesitan priorizar un "diseño para la solidaridad" que se centre en las necesidades de los más afectados por la falta de infraestructura accesible.
Conclusión
Aunque el litigio ha demostrado ser una herramienta efectiva para obligar a las ciudades a cumplir con la ADA, los defensores dicen que se necesita un enfoque más integral. Al rediseñar las calles para cumplir con los requisitos de la ADA, las ciudades deben priorizar las necesidades de las comunidades más marginadas, especialmente las personas con diferentes tipos de discapacidades.
El caso de San Juan demuestra cómo una demanda puede conducir a compromisos concretos de mejora. Sin embargo, la implementación efectiva requerirá una participación continua de la comunidad y un enfoque en la equidad para garantizar que las mejoras beneficien a quienes más las necesitan.
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