El 21 de octubre de 2024, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota firmó un acuerdo de conciliación con el Township de New Hartford, Minnesota, en el marco del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Este acuerdo surge tras una queja presentada por un residente, quien denunció que el Town Hall, utilizado como centro de votación, presenta barreras físicas que lo hacen inaccesible para personas con discapacidades. La existencia de estas barreras impide que personas con movilidad reducida puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones, un derecho fundamental garantizado por la ADA.
En respuesta, el Township se compromete a llevar a cabo una serie de modificaciones en sus instalaciones y políticas. Entre las medidas acordadas, destaca la revisión y actualización de sus políticas de accesibilidad para asegurar que todos sus servicios y actividades sean accesibles a personas con discapacidades.
A nivel estructural, el acuerdo exige la remodelación del área de estacionamiento, la instalación de una rampa de entrada que cumpla con los estándares de la ADA, y la adecuación de los baños para que sean completamente accesibles. Estas modificaciones deben completarse en plazos específicos y bajo estándares que aseguren su efectividad y permanencia.
Mientras estas adaptaciones se implementan, el Township coordinará con el departamento de bomberos para ofrecer un lugar de votación temporal y accesible en el mismo edificio, una solución transitoria que busca garantizar que ninguna persona con discapacidad sea excluida de participar en las elecciones durante el periodo de remodelación. Además, el acuerdo establece que el Township debe presentar informes trimestrales al Departamento de Justicia, detallando las acciones que va emprendiendo y demostrando con fotografías el progreso en las adaptaciones. Esta obligación de informar garantiza un seguimiento constante del cumplimiento y un nivel de transparencia que permite supervisar el compromiso del Township con este acuerdo.
Este acuerdo representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidades, particularmente en el contexto de algo tan esencial como el acceso a un lugar de votación. Es alentador que el Township haya aceptado abordar las barreras estructurales y actualizar sus políticas, ya que esto no solo resuelve la queja inicial, sino que también marca un precedente para la gestión de otros edificios y servicios en el futuro.
Sin embargo, es fundamental que el cumplimiento de estas disposiciones se lleve a cabo de manera genuina y no como un simple trámite administrativo. La implementación efectiva de las medidas temporales y permanentes será la verdadera prueba de la voluntad del Township de construir una comunidad inclusiva. También será interesante observar el impacto de los informes de cumplimiento en la práctica: este tipo de supervisión puede convertirse en un recurso valioso para la rendición de cuentas, y los informes periódicos permitirán que tanto el Departamento de Justicia como la comunidad puedan seguir de cerca el progreso y garantizar que no haya retrasos o excusas para el cumplimiento.
Finalmente, este caso subraya la importancia de que todos los espacios públicos cumplan con los estándares de la ADA, no solo como una exigencia legal, sino como un reflejo de los valores de igualdad e inclusión que deben caracterizar a nuestra sociedad.
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Velez Law Group LLC es una firma líder en derechos civiles, dedicada a asegurar el acceso equitativo y el cumplimiento de normativas fundamentales, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Bajo la dirección de José Vélez, la firma se ha destacado en Puerto Rico por su compromiso en mejorar la accesibilidad en lugares públicos. Con logros recientes en casos emblemáticos, hemos transformado el acceso a servicios y entornos comunitarios, defendiendo activamente los derechos de quienes buscan ejercer sus derechos sin barreras y en condiciones de igualdad.
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